La descentralización política constituye una antigua aspiración de las provincias y pueblos alejados de la capital del país. Es vista como la gran oportunidad de avanzar hacia el desarrollo nacional armónico y sostenible. En 2001, cuando se recuperó la democracia, esta aspiración cobró fuerza en la agenda política nacional y se promulgó un conjunto de leyes para impulsar y regular el proceso de descentralización. En este proceso, si bien el Estado conserva su naturaleza unitaria, se organiza en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. La descentralización de la función salud desde el nivel central hasta los niveles subnacionales tuvo diferentes implicaciones y pese al tiempo transcurrido se desconoce sus avances como factor de democratización de las decisiones y el desarrollo sanitario de los ámbitos descentralizados. Hay quienes opinan que lo acaecido es parte de lo esperado, pues los tiempos no son lo suficientemente largos para poder apreciar cambios sustantivos. Por otro lado, hay aquellos que abogan por la revisión integral del proceso, incluida la necesidad de precisar las condiciones en las cuales el gobierno nacional está exigido de intervenir en los ámbitos regionales para cautelar la salud de la población.